Lejos del relato oficial, los pactos entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont no ha traído tranquilidad a Cataluña. Por el contrario, ha despertado la incertidumbre y muchas empresas han optado por cambiar de sede fiscal.
El contexto político en Cataluña ha tenido un impacto innegable en el tejido empresarial de la región en la última década y sus consecuencias han resonado en todo el ámbito económico. Desde el convulso periodo del procés hasta las recientes elecciones generales, el panorama empresarial catalán ha enfrentado desafíos significativos, reflejados en un aumento notable en el número de empresas que han trasladado su sede social fuera de la región.
Durante los primeros seis meses del año anterior, Cataluña registró una cifra relativamente baja de salidas de empresas, con tan solo 49 compañías abandonando la región. Sin embargo, este escenario cambió drásticamente tras las elecciones generales y las conversaciones entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont en el contexto de la investidura. Las demandas políticas planteadas por Junts per Catalunya, en particular la exigencia de amnistía, generaron incertidumbre y nerviosismo entre las empresas. Como resultado, el número de empresas que trasladaron su sede social a otras ciudades se duplicó en el segundo semestre del año, alcanzando las 80 empresas, de acuerdo a un reportaje de Infobae.
Este éxodo empresarial no solo ha afectado a las salidas, sino también a las llegadas de nuevas empresas a la región. A pesar de que en los primeros seis meses del año se instalaron en Cataluña 440 compañías, esta cifra disminuyó considerablemente en el segundo semestre, llegando a las 288 empresas. La incertidumbre sobre la evolución política en Cataluña ha generado un clima de inseguridad para las empresas, tanto las que deciden abandonar la región como las que podrían considerar establecerse en ella.
El impacto económico de esta fuga empresarial es significativo y continúa acumulándose desde el inicio del procés en 2017. Más de 8.000 empresas han abandonado Cataluña desde el referéndum independentista del 1 de octubre de ese año, lo que ha tenido consecuencias económicas considerables para la región. El Banco Sabadell fue uno de los primeros en desencadenar esta salida masiva, trasladando su sede social a Alicante el 5 de octubre de 2017. Esta decisión fue seguida por Caixabank, Gas Natural Fenosa (ahora Naturgy), la Fundación Bancaria La Caixa, Abertis, y otras empresas prominentes. En total, se estima que las ventas de estas empresas sumaban más de 56.000 millones de euros.
El éxodo empresarial se intensificó durante el año 2017, con un saldo negativo de 1.317 empresas que optaron por abandonar Cataluña frente a las que decidieron establecerse en la región. Esta tendencia ha persistido en los años posteriores, lo que indica un clima de inestabilidad y preocupación en el ámbito empresarial catalán. Ante este panorama, Junts per Catalunya y ERC han exigido al Gobierno medidas para fomentar el retorno de las grandes compañías que abandonaron la región, destacando la necesidad de abordar las causas subyacentes de esta fuga empresarial para revitalizar la economía catalana.