La molestia de la banca con el impuesto sobre los beneficios extraordinarios es palpable.
El pacto entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz para formar un Gobierno de coalición PSOE-Sumar para los próximos cuatro años contaba entre sus puntos dos medidas polémicas: la reducción de la jornada laboral y el impuesto a la banca y a las energéticas.
En el documento se señala que el Gobierno “revisará los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez expire su periodo de aplicación actual, para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado del bienestar”.
Pues este punto, ya ha traído sus consecuencias: desde octubre, fecha en que se firmó el documento, la banca ha congelado su posesión de deuda española.
El movimiento estratégico de congelar durante dos meses -octubre y noviembre- la adquisición de deuda del Estado se entiende como una medida de presión a PSOE y Sumar, para evitar que hicieran permanente el impuesto sobre los beneficios extraordinarios del sector financiero.
De acuerdo a los datos del Tesoro Público, la gran banca poseía 169.663 millones de deuda pública al inicio de 2023. El total subió hasta los 177.583 millones en marzo, su punto más alto, y bajó a los 164.355 millones, luego de las elecciones generales; para cerrar el año en los 170.000 millones, destacando los dos meses con las compras congeladas.
Aunque la banca aún posee el 13% del total de la deuda del Estado, ha mantenido invariables sus compras de deuda, una decisión estratégica en un momento en el que el Banco Central Europeo está reduciendo su compra de bonos de países europeos. Esta postura es contraria a su modus operandi anterior, cuando habían aumentado sus inversiones en deuda pública debido a su alta rentabilidad y bajo riesgo. Esta actitud de la banca refleja el contexto político y económico actual, donde se discuten medidas fiscales que afectarían directamente a sus beneficios.
El conflicto entre el Gobierno y la banca en relación con un impuesto extraordinario sobre los beneficios del sector bancario se mantiene pese a las peticiones de reformulación del tributo por parte de los responsables bancarios. Por su parte, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha descartado modificaciones en el impuesto.
Argumenta la necesidad de mantener un sector financiero solvente y la responsabilidad social de las entidades. Sin embargo, esta postura se enfrenta a la propuesta de Podemos, que plantea aumentar este impuesto para que recaude el 50% de los beneficios de la banca hasta 2030. Esta medida forma parte de un conjunto de propuestas de Podemos para recuperar el rescate bancario y crear un fondo de protección hipotecaria.
La congelación de la compra de deuda pública por parte de la banca española, la negativa del Gobierno a modificar el impuesto sobre beneficios extraordinarios del sector bancario y la propuesta de Podemos para aumentar este impuesto representan un panorama complejo y desafiante para el sistema financiero y la política fiscal en España. Mientras tanto, los ciudadanos observan con atención estos movimientos, conscientes de que las decisiones tomadas influirán en la economía del país y en sus propias vidas.