Las decisiones de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, siguen generando polémica y hasta molestia en algunos casos.
En los últimos meses el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha aprobado una gran cantidad de normativas que han cambiado de forma significativa el panorama laboral español. Pese a que desde el organismo suelen argumentar que estos cambios buscan mejorar las condiciones laborales de los trabajadores lo cierto es que no siempre es así.
Las modificaciones en la normativa laboral, ha abordado áreas como la contratación, los permisos de cuidado, el control horario, el estatuto del becario, los planes de igualdad y, la última, es la jornada laboral reducida, que está prevista alcanzar las 37,5 horas semanales para el año 2025.
Este frenético ritmo de cambios ha generado un impacto directo en la negociación de los convenios colectivos, fundamentales para garantizar condiciones laborales justas. La firma de estos convenios se ha retrasado en muchos casos, ya que las partes involucradas deben adaptarse a la nueva normativa y encontrar soluciones para encajar los cambios en sus disposiciones.
Para los empleados, los convenios colectivos representan una herramienta crucial de protección y negociación, especialmente para aquellos que trabajan en pequeñas y medianas empresas que carecen de la misma capacidad de negociación que las grandes corporaciones. La incertidumbre en torno a la implementación de la jornada laboral reducida a 37,5 horas semanales ha añadido un desafío adicional a estas negociaciones. Aunque la reducción ya debe incluirse en los convenios que se están renovando, su aplicación futura genera preocupaciones sobre posibles repercusiones salariales y en la actividad empresarial.
Si bien el primer paso de la medida, reducir la jornada laboral de 40 horas semanales a las 38,5 horas agendadas para 2024, no genera mayor inconveniente porque el 45% de los convenios laborales en España ya contemplan una jornada laboral por debajo de las 40 horas semanales, el gran escollo es el siguiente paso.
Para 2025 está previsto alcanzar las 37,5 horas semanales y es donde se presenta el problema. Esta reducción debe incluirse en los convenios colectivos que se negocia actualmente y cuya vigencia oscila entre dos y cinco años.
Sin embargo, el hecho de que la normativa no esté aprobada y que la negociación debe incluir que la reducción de jornada no represente una merma en los salarios ni en la productividad de las empresas, complica las negociaciones.
Los agentes sociales, incluidos el Gobierno, los sindicatos y la patronal, están actualmente inmersos en discusiones sobre cómo implementar esta reducción de jornada sin afectar negativamente a los salarios ni a la productividad de las empresas. Aunque se ha considerado el cómputo de horas laborales anuales como una posible solución, aún no se ha alcanzado un acuerdo definitivo.
Por su parte, desde la patronal CEOE, reclaman una mayor seguridad jurídica para poder afrontar los proyectos y atraer inversiones para generar empleo.