se tramitará por el procedimiento de urgencia

El Gobierno aprobará la ‘Ley de Movilidad Sostenible’ que genera más gastos a las empresas

El sector privado se enfrenta a mayores costos y regulaciones

El Gobierno aprobará la ‘Ley de Movilidad Sostenible’ que genera más gastos a las empresas

El reciente impulso del Gobierno español hacia la movilidad sostenible y el acceso a la vivienda ha sido recibido con escepticismo por parte de algunos sectores, como el empresarial, que ven cómo estas medidas se traducen en una carga adicional impuesta por un gobierno que parece desconectado de la realidad económica y las necesidades de las empresas y ciudadanos.

La aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible, presentada como un nuevo pilar del Estado de Bienestar, ha generado preocupaciones entre las empresas, que ahora se enfrentan a mayores costos y regulaciones. Mientras el gobierno intenta venderla como una medida social y medioambientalmente positiva, las empresas ven en ella un peso adicional que se suma a las subidas de impuestos y cotizaciones sociales que ya han tenido que soportar.

Además, la falta de consulta y diálogo con el sector empresarial sobre esta ley refleja una vez más la falta de visión y coordinación del Gobierno, que parece más preocupado por seguir una agenda ideológica que por buscar soluciones realistas y efectivas para los problemas del país.

La normativa, que se tramitará por el procedimiento de urgencia, establece que las grandes empresas, de 500 empleados o de 250 por turno, deberán ofrecer transporte gratuito y ‘verde’ a sus empleados. Las compañías deberán ofrecer a sus trabajadores traslados que hagan énfasis en la movilidad eléctrica o compartida.

La medida también afectará a grandes centros de actividad como centros comerciales, hospitales, pabellones deportivos y otros lugares de actividad económica.

La ley se redactó el año pasado y levantó las críticas de los empresarios que señalaron en su momento que su implementación representa nuevos costes y que se suman a los cada vez más impuestos. La normativa no se aprobó debido a la convocatoria de elecciones anticipadas.

Por su parte, el ministro de Transporte, Oscar Puente, aseguró que la medida está determinada por motivos sociales que «reducirán el actual gasto en transporte que soportan los hogares, que están alrededor del 13%, y que, en consecuencia, ampliará los derechos de la gente mejorando su vida diaria».

El ministro también explicó que la norma, que respeta el pacto del Gobierno con Bruselas de no fijar peajes por el uso de las autovías, permitirá a los ayuntamientos “establecer peajes en sus términos municipales”.

En resumen, estas medidas recientes del Gobierno español pueden ser vistas como un intento desesperado de mostrar actividad y compromiso, pero en realidad reflejan una falta de planificación y coordinación, así como una desconexión con las necesidades reales de la población y el sector empresarial. En lugar de imponer regulaciones y cargas adicionales, el Gobierno debería centrarse en trabajar en colaboración con todos los sectores de la sociedad para encontrar soluciones que beneficien a todos los ciudadanos y promuevan un crecimiento económico sostenible.

Autor

24h Economía

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