Hacienda ha puesto en la mira a los usuarios de las plataformas de venta de segunda mano en internet.
La nueva regulación fiscal impulsada por la Agencia Tributaria obliga a las personas que tienen actividades comerciales en páginas como Wallapop, Airbnb, ebay, o Vinted a informar a partir de este año sobre los ingresos generados.
La nueva normativa señala que los usuarios que hayan vendido más de 30 productos o hayan obtenido más de 2.000 euros deberán declararlo ante Hacienda.
El ente que encabeza María Jesús Montero asegura que con esta acción se busca combatir la evasión fiscal en el ámbito digital. Sin embargo, la medida ha generado controversia y preocupación entre los usuarios, que en definitiva no ha sido bien recibida.
La Agencia Tributaria ha indicado que en el caso de que algún usuario, intente eludir la normativa proporcionando datos personales falsos a las plataformas, Hacienda ha sido tajante al establecer sanciones de hasta 300 euros para quienes incurran en esta práctica.
Las personas que se nieguen a proporcionar la información requerida, se les bloqueará su cuenta hasta que aporten los datos solicitados.
Pero los usuarios no son los únicos que estarán sujeto al escrutinio. Las plataformas tendrán la responsabilidad de recopilar y proporcionar a la Agencia Tributaria los datos requeridos de aquellos usuarios que superen los umbrales establecidos. Este proceso debe llevarse a cabo en un plazo de dos meses, según lo establecido en la orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que cierra el desarrollo normativo relacionado con la Directiva de la Unión Europea sobre intercambio de información fiscal.
La normativa también impone obligaciones claras a las plataformas, que deben determinar información sobre los vendedores y recopilar datos sobre bienes inmuebles alquilados, entre otras cosas. Aquellas que no cumplan con estas obligaciones pueden enfrentar multas de hasta 200 euros. Además, se exige a los intermediarios que comuniquen fehacientemente las exenciones tributarias a sus clientes, bajo pena de multas de hasta 600 euros por falta de comunicación o información incorrecta.
En resumen, la nueva regulación busca garantizar la transparencia y el cumplimiento normativo en las transacciones realizadas a través de plataformas digitales de venta de segunda mano. Si bien algunos usuarios podrían intentar evadir impuestos mediante la falsificación de datos personales, Hacienda está decidida a aplicar sanciones para prevenir cualquier práctica irregular y asegurar una tributación justa y equitativa para todos.