El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia sigue siendo un gran reto para el Gobierno de Pedro Sánchez y que pone el futuro de España en juego.
A los señalamientos de Bruselas por la gestión ineficiente de gran parte de los recursos provenientes de los fondos europeos, se le suma el total cumplimiento de 595 objetivos para poder recibir la totalidad del dinero. Todavía quedan por cumplir 474 compromisos, por lo que hay temor en que el país se quede sin el dinero.
Y es que el modelo de financiamiento de estos fondos se basa en el pago por desempeño, por lo que la ejecución eficiente se vuelve crucial para garantizar el éxito del plan.
La estructura de los Next Generation EU destaca la importancia de alcanzar hitos, reformas y objetivos para desbloquear los fondos. La reformulación del plan en 2023, motivada por la guerra en Ucrania, introduce la solicitud de la mitad del dinero en forma de préstamos, generando cambios en el proceso.
Esto ha conllevado a nuevos desafíos tantos políticos como Financieros debido a que la supervisión de los objetivos recae en el propio país. Una vez que considera que ha cumplido las metas del tramo, solicita la ‘bajada’ de los recurso. Aquí es cuando la Comisión evalúa que efectivamente se hayan cumplido los compromisos y toma la decisión sobre si aprobar o denegar.
De los cuatro pagos que España ha pedido, ha recibido tres al cumplir con 121 objetivos. Además, el país ha recibido dos prefinanciaciones no condicionadas a ningún objetivo. En total, ha recibido 38.400 millones, según reporta Vozpopuli.
Hay un cuarto pago, por un valor de 10.000 millones, no fue captado por el rechazo del Real Decreto-ley 7/2023 por parte de Podemos presenta un riesgo significativo. La urgencia de solicitar el desembolso antes de su aprobación podría resultar en la suspensión de fondos europeos, aumentando el riesgo financiero.
A pesar de comprometerse con una gran parte del plan, la falta de fluidez en la asignación de fondos destaca la brecha entre los compromisos (66.296 millones de euros) y la adjudicación real (32.500 millones de euros). La carga burocrática, la falta de personal y la ausencia de beneficiarios contribuyen a esta brecha.
Las proyecciones indican que los fondos no fluyen al ritmo esperado, y la advertencia del Banco de España sobre la posibilidad de que solo se solicite la mitad de los préstamos previstos (40.000 millones en lugar de 83.000 millones) destaca la incertidumbre económica. Además, el registro de préstamos como deuda pública podría afectar la ratio deuda/PIB entre 2025 y 2026.