La gestión de los fondos europeos de recuperación en España revela un panorama preocupante a casi tres años después de su aprobación, según el último informe presentado por la consultora Llorente & Cuenca (LLYC).
Si bien el Gobierno de Pedro Sánchez ha mantenido su compromiso con Europa, al lograr comprometer el 94% de las ayudas directas asignadas al país en 2021, representando en una significativa cifra de 66.296 millones de euros, la ejecución real de estos fondos presenta una imagen menos optimista, alcanzando solo el 46% de la dotación original acordada con Bruselas. Esta disparidad plantea inquietudes sobre la capacidad de España para implementar completamente los fondos asignados antes del plazo límite en agosto de 2026.
El informe subraya la necesidad de un esfuerzo considerable para asegurar la ejecución completa en los dos años y medio restantes, ya que los proyectos no iniciados en esa fecha perderán la financiación. En este sentido, se estima que las administraciones públicas deben adjudicar aún 37.769 millones de euros a proyectos específicos, más de la mitad de la asignación total de la Comisión Europea en el plan original. Además, se requiere la movilización de otros 9.500 millones de euros en transferencias no reembolsables y 83.200 millones en préstamos antes de agosto de 2026.
Un aspecto crítico señalado por el informe es el cuello de botella en la administración autonómica. A pesar de que el Estado ha adjudicado el 79% de las convocatorias resueltas, la falta de información sobre las comunidades autónomas genera incertidumbre. La complejidad burocrática, la escasez de recursos y posibles desintereses en algunos proyectos son citados como razones detrás del retraso en la ejecución a nivel regional. Esto destaca la necesidad de abordar los desafíos específicos de las administraciones autonómicas para garantizar la implementación efectiva de los fondos europeos.
El informe de LLYC también proporciona detalles sobre la distribución de fondos transferidos a las comunidades autónomas. Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana concentran la mitad de las ayudas, pero el reparto per cápita revela grandes diferencias. Comunidades autónomas menos pobladas, como La Rioja (1.175 euros por habitante), Baleares (830), Navarra (713) y Canarias (695), han recibido más recursos por habitante en comparación con Madrid (382 euros por habitante), Comunidad Valenciana (448), Andalucía (451) y Cataluña (457).
Otro gran problema que enfrentan los gobiernos son las licitaciones que se quedan desiertas. LLYC estima que hasta un 17% de los fondos licitados, 11.762 millones de euros, quedan sin asignación. Las distintas administraciones deben abrir nuevas convocatorias pero no encuentran proyectos para asignar estos fondos, que pueden perderse en caso de venzan los plazos.
En última instancia, la gestión de los fondos europeos de recuperación en España enfrenta desafíos significativos, desde la disparidad en la ejecución hasta la necesidad de abordar los problemas específicos en la administración autonómica. El tiempo restante hasta la fecha límite exige un enfoque urgente para garantizar que estos recursos se utilicen de manera efectiva y contribuyan a la recuperación económica del país.