El análisis de la situación económica liderada por el presidente Pedro Sánchez revela tres conclusiones fundamentales. En primer lugar, el constante aumento de la deuda pública en España se ha convertido en una tendencia preocupante, exacerbada por el gasto desmedido y la persistente acumulación de déficit.
Durante el mes de noviembre, la deuda experimentó un incremento de 3.344 millones de euros, perpetuando una tendencia alcista que ha caracterizado los cinco años de mandato de Sánchez.
De acuerdo al economista José María Rotellar, «Sánchez eleva la deuda pública más de 200 millones de euros al día«.
En segundo lugar, la magnitud de la deuda actual es alarmante, superando los 1,5 billones de euros y alcanzando los 1,575 billones en octubre. Este endeudamiento ha crecido en 418.000 millones de euros desde el inicio del gobierno de Sánchez, aumentando a un ritmo de aproximadamente 200 millones de euros al día. Este fenómeno se traduce en casi 1.500 millones semanales, 6.000 millones mensuales y 9 millones cada hora desde el inicio de su mandato.
La tercera conclusión radica en la problemática del déficit estructural, derivado del gasto excesivo que apenas se ha reducido a pesar de ingresos adicionales coyunturales de más de 30.000 millones en 2022. La Comisión Europea proyecta que España no cumplirá el objetivo de estabilidad del 3% en 2024, situándolo en el 3,3% del PIB. Este escenario se agrava con medidas electorales y la intervención del Estado en Telefónica, contribuyendo a un déficit estructural que se aproximará al 5% del PIB en 2023, generando desequilibrios económicos.
El endeudamiento actual, equivalente al 108,03% del PIB español, refleja una situación insostenible que requiere una atención inmediata, considera Rotellar. Desde que Sánchez asumió el cargo, la deuda ha aumentado en 418.138 millones de euros, incrementándose en más de 8.500 euros por persona durante más de cuatro años.
La necesidad de abordar el gasto ineficiente, que es la raíz del problema, se hace evidente, al igual que la importancia de devolver a los ciudadanos los ingresos extra derivados de la inflación. Una política económica radicalmente diferente se presenta como una imperiosa necesidad, ya que el modelo actual amenaza la capacidad de financiamiento y pone en riesgo servicios esenciales. La disminución ocasional de la deuda resulta más ilusoria que real, y la persistente tendencia alcista plantea desafíos económicos considerables para España en los próximos años.