Nuevo frente abierto entre Bruselas y el Gobierno de Pedro Sánchez.
La Comisión Europea ha abierto un expediente contra España y otros ocho países por no comunicar las medidas implementadas para incorporar a nivel nacional la nueva directiva regional que establece un mínimo del 15% en el impuesto de sociedades para grandes empresas.
Aunque el Gobierno español aprobó el anteproyecto de ley en diciembre de 2022, todavía no se ha tramitado en el Congreso de los Diputados, incumpliendo así el plazo establecido que expiró el 31 de diciembre de 2022.
Ante esta situación, la Comisión Europea ha enviado una carta de emplazamiento al Gobierno español, otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre las medidas que tomará para transponer la legislación. En caso de que España no responda o la respuesta no sea satisfactoria, Bruselas podría avanzar con un dictamen motivado, el segundo paso en un procedimiento de infracción que podría llevar al país ante los tribunales europeos.
La directiva, aprobada en diciembre de 2022, forma parte de un acuerdo global entre 140 países de la OCDE, con el objetivo de garantizar que las grandes empresas paguen un tipo mínimo efectivo del 15% en el impuesto de sociedades en todos los territorios donde operan.
La medida busca asegurar que los impuestos que las empresas pagan, alcancen este piso. La directiva busca establecer que en caso de que las compañías operen en un país con un tipo inferior al 15 %, el país con la sede fiscal de la matriz pueda aplicar una carga impositiva complementaria para cumplir con la tasa acordada.
Las normas afectan a multinacionales y grandes empresas con una facturación anual superior a 750 millones de euros que tienen presencia en la Unión Europea.
El incumplimiento de la comunicación de las medidas a implementar en las legislaciones locales ha llevado a la Comisión Europea a abrir expedientes de infracción a un total de nueve países incluyendo, además de España, a Estonia, Grecia, Chipre, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y Portugal.
Esta directiva de la Comisión Europea busca aumentar los niveles de transparencia y la implementación oportuna de legislaciones fiscales acordadas a nivel europeo para prevenir la evasión fiscal y garantizar una competencia justa en el mercado único.