España enfrenta un complicado escenario económico marcado por la gestión del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, con las renovables.
La retirada retroactiva de las primas renovables ha generado condenas internacionales y la obligación de indemnizar a las compañías afectadas por los cambios regulatorios y fiscales introducidos en gobiernos anteriores. La decisión del actual Ejecutivo de no cumplir con estas condenas ha complicado todavía más la situación, abriendo la puerta a procesos de embargo contra los bienes del país en el extranjero.
Recientemente, trascendió la vigésimo sexta decisión en contra de España, correspondiente al caso E.ON, una de las empresas más importantes del sector energético alemán. Este caso, iniciado en 2015 y resuelto por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) el pasado 18 de enero, destaca por ser el expediente más abultado hasta la fecha. Aunque las cláusulas de confidencialidad ocultan el monto exacto, se estima que la indemnización rondará los 300 millones de euros, superando incluso al caso NextEra.
El aumento en la deuda derivada de estas condenas es una preocupación creciente para España. Con veintiséis sentencias emitidas, las obligaciones pendientes de pago superan los 1.500 millones de euros. Sumando honorarios de abogados y consultores, así como condenas en costas e intereses de demora, la factura total se sitúa alrededor de los 1.700 millones. Este incremento de medio millar de millones respecto al pasado mes de abril refleja la magnitud del desafío financiero que enfrenta el país.
Este problema no solo tiene implicaciones económicas sino también repercusiones en la inversión extranjera. Un informe reciente posicionó a España como el país con el mayor número de sentencias internacionales pendientes de pago, situándose a la par con Venezuela y superando a Rusia. La inversión extranjera se ha reducido en más de un 30% durante el último año, y en los puntos de mayor tensión con las empresas afectadas por el impago de las sentencias, la caída alcanza hasta el 75%.
La situación ha llevado a procesos de embargo de bienes y activos financieros del Reino de España en el extranjero, siendo especialmente destacado en Reino Unido, Australia y Estados Unidos. Además, se ha producido un default técnico que ha encarecido la financiación del Tesoro, generando preocupaciones adicionales sobre la estabilidad financiera del país.
En conclusión, España se enfrenta a un desafío económico significativo derivado de las condenas internacionales por la retirada de primas renovables. La acumulación de deudas, embargos y el impacto en la inversión extranjera ponen de manifiesto la complejidad de la situación y la necesidad de abordar de manera efectiva este problema para salvaguardar la estabilidad financiera y la reputación internacional del país.