La ineficiencia en la gestión de los Fondos Europeos por parte del Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en riesgo la viabilidad de 60 empresas tecnológicas dedicadas a la ciberseguridad.
Las sociedades, en su mayoría pymes, ajustadas al programa España Digital 2026, trabajaban como concesionarias del Estado a cargo del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe).
El organismo enfocado en la ciberseguridad es el cuarto mayor perceptor de los Fondos Next Generation, de acuerdo al listado que difundido dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia.
Este programa forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia impulsado por el Ejecutivo de Sánchez y tiene como objetivo desarrollar las capacidades de ciberseguridad en la empresa y la administración españolas.
Esto ha implicado que las empresas hayan realizado un desembolso importante desde hace dos años y la falta de recursos que debían provenir del Incibe ha generado una falta de liquidez que pone en riesgo su supervivencia.
El programa que inició hace dos años con un total de 80 empresas, todas pymes porque las grandes tecnológicas no han licitado debido a que no consideran rentable el proyecto.
Las sociedades han tenido que aumentar sus plantillas y hacer inversiones en equipos para cumplir con los requisitos. En promedio, han tenido que hacer una inversión de 500.000 euros. En algunos casos, como señala en su reporte The Objective, con un capital social de apenas 3.000 euros.
El funcionamiento del Incibe
A dos años del inicio del programa, casi el 75% de las empresas podrían desaparecer debido a la pésima gestión del organismo.
De acuerdo a las cifras oficiales, el Incibe ha recibido 307.841.838 euros y ha adjudicado hasta 170 millones hasta el momento pero este montante no se ha movido de la primera caja a la que llegaron.
Y es que el Incibe certifica el dinero en los avances de cada una de las empresas, pero estas certificaciones no son consideradas como avales por parte de los bancos, que señalan que no tienen entidad suficiente.
El organismo no puede pagar a las empresas aunque demuestren sus objetivos cumplidos porque no tiene capacidad legislativa para reembolsar por estos logros ni para certificar ante los bancos que
ellos honrarán el dinero entregado a las compañías que forman parte del programa.
Tampoco está emitiendo facturas parciales para intentar aliviar la situación, punto que se tocará en el siguiente Consejo de Administración del Incibe, que se llevará el próximo 28 de enero.
La situación es grave. En lugar de impulsar el sector ciberseguridad podría terminar logrando el efecto contrario y acabar con los proyectos que comenzaban a germinar.