La vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha presentado una propuesta que busca limitar el consumo de la llamada moda rápida o ‘ultra fast fashion’.
El partido de la gallega, Sumar, ha registrado una proposición no de ley en el Congreso en la que se pretende que el Gobierno establezca reuniones con las principales empresas españolas del sector como Inditex, Tendam (antes Cortefiel), Mango, Adolfo Domínguez, entre otras para abordar el tema.
La propuesta, que ha sido registrada por Júlia Boada, diputada de En Comú Podem pero integrada en Sumar, acusa del “enorme impacto” que tiene la ‘moda rápida’ en el medio ambiente, así como el gran consumo energético que produce.
La llamada moda rápida o ‘ultra fast fashion’, hace referencia a la producción y consumo masivo de productos textiles, que salen al mercado de acuerdo a los cambios de tendencia.
El partido de Díaz considera que esta situación debe cambiar, porque en su opinión, “hay demasiada ropa”. Explican que no existe una estructura para darle una segunda vida a la alta cantidad de productos textiles que se producen, lo que redunda en una mayor contaminación porque tampoco se puede eliminar de forma correcta.
El partido de Díaz advierte que el consumo de ropa y calzado aumente un 63% de aquí a 2030, aumentando de los 62 millones de toneladas actuales a 102 millones en 2030.
Si bien solicitan una reunión con las principales empresas del sector para diseñar estrategias para revertir esta situación sin comprometer “su viabilidad ni sus beneficios” económicos, las medidas tomadas en los últimos años, genera desconfianza. El último ejemplo ha sido el aumento del SMI sin acuerdo con las patronales.
La formación de izquierdas aboga por establecer desde el Gobierno medias que impidan la destrucción de mercancía no vendidas y prendas devueltas o defectuosas.
Además, defienden que se implementen estrategias de diseño circular en la fabricación de los productos además de fomentar la sostenibilidad, duración y resistencia. Indican que esto debe ajustarse a la regulación sobre productos sostenibles que implementará la Unión Europea.