Aumenta la presión desde Bruselas contra Pedro Sánchez.
La Comisión Europea ha reiterado su advertencia al Gobierno de Pedro Sánchez sobre la insuficiencia de la reducción del delito de malversación en cumplir con los estándares europeos. Bruselas destaca la existencia de la Directiva 2017/1371 de lucha contra el fraude que afecta a los intereses de la UE, estableciendo un mínimo de cuatro años de prisión para la malversación. Además, subraya que la próxima Directiva anticorrupción, actualmente en proceso de negociación, impondrá a los Gobiernos de los 27 la obligación de hacer pública la lista de personas indultadas por casos de corrupción.
Estos puntos fueron destacados en la respuesta parlamentaria de la comisaria de Asuntos de Interior, Ylva Johansson, a una pregunta formulada por el eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas sobre la posibilidad de indultar a los condenados por los ERE en Andalucía.
Cabe mencionar que a finales del año pasado, el PSOE y ERC acordaron una reforma del Código Penal destinada exclusivamente a los líderes del procés condenados y posteriormente indultados. En concreto, se introdujo un nuevo artículo para los responsables públicos que malversen fondos públicos «sin intención de apropiárselos», estableciendo una pena máxima de tres años para estos casos.
Pedro Sánchez
Directiva anticorrupción en la UE
La Comisión Europea ha reiterado en varias ocasiones que la distinción actual carece de sentido. En su respuesta, Johansson subraya que la malversación figura entre los delitos de corrupción contemplados por la Unión Europea, haciendo referencia a dos directivas: una ya activa y otra que se encuentra en proceso de negociación desde hace meses. La legislación europea de 2017 define la malversación como «el acto intencionado realizado por cualquier funcionario al que se le haya encomendado directa o indirectamente la gestión de fondos o activos, comprometiendo o desembolsando fondos, o apropiándose o utilizando activos de manera contraria a los fines previstos, perjudicando de cualquier manera a los intereses financieros de la Unión».
No se contempla la distinción introducida en el Código Penal español de manera ad hoc por el PSOE para complacer a sus socios separatistas, especialmente al líder de ERC, Oriol Junqueras. La Comisión también detalla el trabajo en curso para la nueva directiva anticorrupción, que busca establecer normas comunes para los 27 países miembros. El borrador propone aumentar a cinco años la pena mínima por malversación, lo que requeriría que el Gobierno realice una reforma de la reforma, ya que la definición del delito menciona el uso de fondos públicos «contrario a los fines para los que estaban previstos», ejemplificando con un referéndum ilegal de independencia.
La lista de Sánchez
Además, en relación con los indultos, se destaca que, en caso de aprobarse la nueva Directiva, los estados estarán obligados a publicar estadísticas detalladas sobre las medidas de gracia otorgadas por los Gobiernos europeos en casos de corrupción. Asimismo, se menciona que la norma contempla la posibilidad de proporcionar salvaguardas a las autoridades judiciales para prevenir indultos basados en la «gravedad de las infracciones penales».
La Comisión evita evaluar específicamente el supuesto indulto al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y a otros implicados en el caso de los ERE, argumentando que no se ocupan de casos individuales. Se subraya que el informe anual sobre la evolución del Estado de Derecho en los países se centra en cuatro áreas clave, siendo una de ellas la lucha contra la corrupción.
Se señala que las acciones del Gobierno del PSOE y sus aliados han debilitado la posición de España en Bruselas. La propuesta de amnistía que se está tramitando en el Congreso ha generado advertencias sin precedentes de la Comisión hacia el Ejecutivo español, llevando incluso a la celebración de un pleno sobre la situación del Estado de Derecho español en Estrasburgo, siguiendo el modelo de Polonia y Hungría.
Durante el cierre de la presidencia española en diciembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue objeto de críticas por parte de los grupos europeos. Se destacó un enfrentamiento tenso con el líder de los conservadores europeos, Manfred Weber, quien es su socio de Gobierno en las instituciones europeas.