La Comunidad de Madrid está finalizando la elaboración de un nuevo escudo fiscal tras el aval del Tribunal Constitucional al impuesto sobre las grandes fortunas. La presidenta Isabel Díaz Ayuso planea tramitar urgentemente una nueva normativa para que la recaudación de este impuesto se quede en la Hacienda madrileña. Los ingresos, estimados en 555 millones de euros en 2023, se utilizarán para desplegar un catálogo de bonificaciones y rebajas fiscales a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que irá más allá de las 10.302 grandes fortunas que residen en la región.
La intención es compensar de alguna manera la pérdida de la bonificación del 100% en el impuesto de Patrimonio, que Madrid mantenía durante 15 años. Además, la Comunidad de Madrid busca mantener la batalla fiscal con el Gobierno central después de perder la disputa judicial. Entre las alternativas, Ayuso podría optar por aplicar una nueva rebaja generalizada del IRPF o incluso una reforma del impuesto que elimine ciertos tramos, según fuentes del gobierno autonómico.
Con estas medidas, la presidenta popular aspira a exhibir una de las tributaciones autonómicas más atractivas de la Unión Europea. Mientras el Gobierno central prepara gravámenes temporales a la banca, las energéticas, las grandes fortunas y la imposición del tipo mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades, la Comunidad de Madrid busca consolidarse como un destino fiscalmente favorable. Ayuso ya anunció beneficios fiscales, como la deducción del IRPF para inversores extranjeros y la deflactación del impuesto.
La deflactación del IRPF, que aplica un descuento medio del 3,1% con respecto a 2022, se presenta como una medida que beneficiará principalmente a las rentas más bajas. La Consejería de Economía sigue evaluando diferentes opciones y aún no ha tomado una decisión final.
Isabel Díaz Ayuso
Compensar a las rentas altas
En medio de la búsqueda de alternativas para compensar la pérdida de la bonificación del 100% en el impuesto de Patrimonio, la Comunidad de Madrid podría considerar la opción de centrarse en los principales afectados por el retorno de este impuesto. Una de las posibilidades sería introducir una deducción autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) dirigida a las rentas más altas. Sin embargo, esta alternativa tiene limitaciones y solo afectaría a los rendimientos del trabajo, las actividades económicas y el ahorro, aliviando el pago adicional para las grandes fortunas pero no al 100%. Fuentes del gobierno autonómico reconocen que esta es la última opción que están contemplando.
El manejo que la presidenta Ayuso ha hecho del tramo autonómico del IRPF en los últimos años genera cierta desconfianza, y su equipo podría considerar otras opciones para compensar el pago adicional que enfrentarán las grandes fortunas. Esto incluiría aplicar bonificaciones en otros tributos de gestión autonómica, como Sucesiones y Donaciones o el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) o Actos Jurídicos Documentados (AJD).
Un roto para el Estado
Si la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, retiene todo lo recaudado por el impuesto a las grandes fortunas, Hacienda perderá 555 millones de euros solo en 2023. El 90% de la recaudación procedente del gravamen proviene de la Comunidad de Madrid. Este recorte en los ingresos se produce en un momento delicado para el equilibrio presupuestario, ya que las reglas fiscales están cerca de activarse, y el Gobierno deberá cumplir la senda prometida con la Comisión Europea a través del Plan Presupuestario enviado a Bruselas.
En el plan, el Gobierno advierte del efecto negativo que las rebajas fiscales aplicadas por varias regiones podrían tener sobre el déficit público, señalando directamente al tramo autonómico del IRPF como el más perjudicial. Moncloa estima que el agujero en los ingresos será de 1.728 millones de euros el próximo año, triplicando la merma prevista para 2023, que es de 613,3 millones.
Además de las rebajas fiscales, la ralentización del ritmo de recaudación de dos impuestos clave contribuye a la situación. La Agencia Tributaria informa de una caída del 11.1% en los ingresos netos por Sociedades entre enero y septiembre de 2023, principalmente debido al aumento extraordinario de devoluciones, que se espera compensar en la recta final del año. La recaudación por el IVA también se ha visto afectada, con una caída del 1,6% en octubre respecto al mismo mes de 2022. No obstante, el Gobierno planea devolver el IVA de la energía y el Impuesto Especial a la Electricidad a la normalidad, lo que aportaría aproximadamente 2.400 millones de euros a la partida de ingresos.