José Luis Escrivá salió del Ministerio de Seguridad Social, pero las consecuencias de su nefasta gestión siguen vigentes.
Cuando el ya exministro socialista presentó la reforma de las pensiones, calificó de «ajuste modesto» el incremento de la carga tributaria incluido en la nueva normativa. Sin embargo, para algunos salarios, esto implica un aumento de hasta el 9 % en los costos laborales, constituyendo un golpe significativo a la competitividad de las empresas españolas.
El actual titular de Transición Digital merece reconocimiento por incorporar impuestos directos, que no brindan derechos, como si fueran contribuciones al sistema. La reforma establece una aportación adicional del 1,2 % para todos los afiliados a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), distribuido entre la empresa (1 %) y el trabajador (0,2 %).
Inicialmente, este impuesto, disfrazado como descuento, estaba programado hasta 2033, pero tras la reprimenda de Bruselas, el Gobierno lo extendió al menos hasta 2050. Además, contempla su endurecimiento en 2025 si no se implementan las medidas de ajuste necesarias. En otras palabras, trabajadores y empresas pueden anticipar un nuevo golpe, ya sea por las buenas o las malas, dentro de dos años.
José Luis Escrivá
A esto se suma el aumento en las cotizaciones sobre la base máxima, cercana a los 54.000 euros. A partir de este salario, se aplicará un incremento adicional del 1,2 % sobre la pensión máxima, lo que no puede considerarse contributivo de ninguna manera. Además, a estos salarios se les impondrá la denominada cuota de solidaridad, que oscilará entre el 5,5 % y el 7 % de la diferencia entre el total y la base máxima.
En este escenario, los costos laborales se incrementarán en un 7 % para salarios que superen la base máxima y hasta un 9 % para aquellos que excedan los 65.000 euros. Con una competitividad por debajo de la media europea y la tasa de desempleo más alta en la Unión Europea, el Gobierno persiste en aumentar las cargas tanto para trabajadores como para empresarios.