La Seguridad Social sigue colapsada ante la nefasta gestión del socialista José Luis Escrivá.
El servicio que tramita la solicitud de las citas previas para la gestión de las pensiones públicas es el mejor ejemplo, ya que ha vuelto a colapsar a pesar de las promesas del ministro de mejorar la situación de los trámites y acabar con el mercado negro de las citas previas.
Desde ‘The Objective’ precisan que se trata de un problema que se arrastra desde 2020, momento en el que la administración desaparece y la atención presencial se esfuma y, en su lugar, toma las riendas de la prestación la digitalización del sistema. Es entonces cuando los demandantes, y también las personas que tienen derecho al Ingreso Mínimo Vital, se ven imposibilitados para conseguir cita, a través de un teléfono que nunca contesta, o de una web que sobrepasa ampliamente la capacidad del Ministerio para mantener al día la gestión, tal y como reconoce la propia entidad.
Así, en este mes de septiembre, y en el caso de los demandantes de regiones con mayor volumen de habitantes, como la madrileña, se encuentran con tiempos de espera de entre un mes y medio y dos meses, mínimo, a lo que después hay que añadir entre cinco y seis meses desde el primer momento que el demandante intentó contactar con la Seguridad Social, hasta el tiempo en el que empieza a percibir el dinero. Un interim que no recoge la estadística oficial, porque ésta solo cuenta justo cuando se establece la cita, pero no el tiempo de espera hasta conseguirla.
Mientras tanto, el Instituto Nacional de la Seguridad Social mantiene, al respecto, que la merma de funcionarios en ese negociado justifica en parte estos retrasos, que llevan a que más de un solicitante acuda a servicios periféricos de otras regiones, o que, en el peor de los casos, y ante la impotencia de lograr una cita previa, eche mano de quienes, por cuenta ajena, y de manera ilegal, facilitan este tipo de citas a cambio de una determinada cantidad de dinero.
José Luis Escrivá
Malos resultados
El ministro de Pedro Sánchez llevó a la Seguridad Social a alcanzar un déficit de 44.500 millones en diciembre de 2022, según los datos del Ministerio de Hacienda. Se trata de una cifra que crece como la espuma, ya que solo un mes antes la cantidad era de 31.966 millones de euros.
La incapacidad de gestionar la Seguridad Social desencadenó en el colapso del ente. No es secreto para ningún español el nefasto estado de las los teléfonos y página web, lo que genera una desesperación que les lleva a pasar por un ‘mercado negro’ de compra y venta de citas que les permitan esquivar el bloqueo burocrático.
A pesar de que se trata de un trámite gratuito, hay quienes optan por pagar para hacerse con unas de las cotizadas citas previas de las oficinas de atención al ciudadano y evitar tener que enfrentarse a una centralita que nadie responde o a una página web que no funciona con normalidad.
Eso sí, la cita no garantiza que el proceso vaya más rápido de lo habitual, porque la plantilla está más que mermada y porque la deslocalización de los expedientes aprobada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no ayuda.
En concreto, salió a la luz que cada vez son más los particulares, locutorios y gestorías que ofertan las citas previas de la Seguridad Social. Así se puede observar en los anuncios de portales de segunda mano, donde hay que desembolsar unos 10, 15, 20 euros.
¿La solución?, el ministro socialista busca poner un ‘parche’ con la contratación de 747 interinos que intentarán evitar que se repitan las 15.000 quejas ciudadanas registradas en el primer semestre de 2022 debido al retraso de la Administración.
Con la Seguridad Social en ‘quiebra’ (al contar con más gastos que ingresos) y asaltada por los chanchullos, el socialista busca ganar una batalla a través de su reforma de las pensiones. Sin embargo, le pasa lo mismo que con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: las cuentas no le salen.
Esa incapacidad de hacer coincidir las cifras hicieron que la patronal y los expertos dieran un paso atrás y denunciaran que se trata de una reforma de las pensiones inviable que, en el peor de los casos, tendrá que volver a ser retocada dentro de tres años.