El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a demostrar que vive en una realidad alternativa.
La batalla entre el Reino de España y los afectados por la retirada de Mariano Rajoy de las primas a las renovables de José Luis Rodríguez Zapatero ha subido el tono. Los fondos y las empresas que están envueltas en este proceso ya piensan en embargar activos de España en el extranjero ante el inmovilismo de los representantes del país. No obstante, el Gobierno considera que esta estrategia es un “éxito”.
Según el diario Vozpópuli, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica afirman que se está defendiendo los intereses del país “con notable éxito en las diferentes cortes de arbitraje internacional”. Desde el equipo que lidera Teresa Ribera defienden que no tiene “ninguna responsabilidad” en estos litigios internacionales contra España por los recortes a las renovables y consideran que se ha adoptado las medidas adecuadas para compensar las políticas del anterior, el Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy.
Los fondos tienen reconocidos en organismos como el CIADI, perteneciente al Banco Mundial, unas indemnizaciones de 1.226 millones a España y, como informaba este medio, esperan que esta deuda aumente en este año hasta los 2.000 millones de euros. Los representantes del Gobierno sostienen que se ha conseguido en esta legislatura «reducir las indemnizaciones reclamadas», hasta el punto de que dicha rebaja supera el 85% sobre lo demandado.
Consideran, pese al ruido, que existe una tendencia descendente en estos litigios internacionales y apuntan que los nuevos laudos otorgan compensaciones cada vez más bajas. Estas indemnizaciones llevan incorporados, según sus cálculos, unos intereses de 116,9 millones de euros por demorar su pago.
Los demandantes están solicitando la ejecución de los laudos en tribunales nacionales de varios países, como Australia, Estados Unidos o Reino Unido. Unos países donde, si no se acatan las sentencias del CIADI, existe un claro riesgo de embargo de los bienes españoles en estos países, como las cuentas corrientes o las sedes del Instituto Cervantes.
Desde el Gobierno explican a al citado medio que estas informaciones se derivan de que algún juzgado de estos países anglosajones, a instancias de los inversores internacionales o que los laudos son vinculantes, pero ello no implica que estos juzgados tengan capacidad de ejecutar los laudos en sus territorios y embarguen bienes españoles.
Para ello, según apuntan, hace falta que se inicie un nuevo procedimiento en el que el Reino de España esgrima argumentos de oposición. Sólo con “una situación muy excepcional” estos tribunales nacionales podrían intentar estos métodos de cobro.
La Cámara de Comercio de EEUU
La Cámara de Comercio de los Estados Unidos redactó un escrito para animar a los tribunales estadounidenses a seguir batallando en favor de las empresas contra la estrategia de España de “no pagar ni un euro” de estas sentencias a favor de los inversores que sufrieron la retirada retroactiva de las primas a las renovables.
Es importante destacar que aunque estas decisiones se tomaron bajo gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, la resolución de los litigios internacionales ha llegado en los últimos años y el Ejecutivo de Pedro Sánchez optó por ponerse de perfil y negarse a resarcir a las compañías y empresas afectadas.
Este organismo, con un fuerte poder lobista en un país de gran interés para España y sus empresas, considera que permitir que España eluda esas obligaciones tiene “consecuencias desastrosas” para el comercio global.
“La interpretación propuesta por el apelante (Reino de España) de la Ley de inmunidades soberanas extranjeras (FSIA) conlleva consecuencias desastrosas para el arbitraje internacional de inversiones (y comercial)”, detallan en un escrito redactado el pasado jueves al Circuito del Distrito de Columbia.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos apoya de esta manera a los inversores de energía renovable que apostaron por las renovables al calor de las primas del Gobierno de Zapatero en 2007. Empresas como NextEra o 9Ren vieron vulnerado los derechos que protegía el Tratado de la Carta de la Energía cuando Rajoy los retiró seis años después. El Ciadi, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, autorizó su indemnización en sus respectivos arbitrajes y ahora presionan para hacer cumplir estos laudos arbitrales por un total de 332 millones de euros.
“Las empresas estadounidenses participan habitualmente en transacciones comerciales transfronterizas con países y entidades de propiedad pública. El arbitraje proporciona un mecanismo importante y de uso frecuente para resolver disputas que surjan de esas transacciones”, asegura la Cámara a los tribunales ante esta vulneración del derecho internacional del Reino de España.
Esta organización presiona a la justicia de Estados Unidos para que preserve “la integridad del arbitraje de inversiones” y asegure que su país no “viole sus obligaciones de derecho internacional”. Los representantes de las empresas van más allá y aseguran que este caso puede poner en duda “fidelidad a las órdenes” de su Congreso y se debe solucionar para evitar un caos por la malinterpretación de la Ley de inmunidades soberanas extranjeras fuera malinterpretada. “Por las razones anteriores, además de las establecidas en la apelación, el Tribunal debe confirmar las sentencias”, concluye.
Pedro Sánchez
A un paso de los embargos
Es justamente esa decisión del Gobierno PSOE-Podemos la que llevó a la incautación de propiedades del Reino de España en el extranjero. El caso más sonado fue el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Londres o el edificio de promoción económica que posee el gobierno de Cataluña en la capital inglesa.
Sin embargo, no son los únicos, ya que también se bloqueó una cuenta bancaria del Reino de España en Reino Unido, así como el derecho al cobro de la indemnización por la catástrofe del Prestige. Sin olvidar que se han intervenido cuatro emisiones de deuda pública que han caído en situación de default técnico. Pero aún podría estar por llegar lo peor, ya que están en ‘jaque’ las propiedades del Reino de España en Estados Unidos.
«Me da pena venir a España por esta razón, este es un país serio, su papel en las instituciones europeas y en los organismos internacionales está fuera de toda duda, por eso no tiene sentido que se socave de esta forma la seguridad jurídica y se genere una situación a todas luces lamentable», explicó el jurista Nick Cherryman, que advirtió de que los primeros embargos de bienes «son solamente la punta del iceberg».
Aunque el gobierno español intenta esquivar su responsabilidad y no se siente vinculado por el resultado de los arbitrajes, Cherryman lo tiene claro:
«España participó en todos estos procesos. De hecho, de un total de cincuenta litigios, ha habido dos casos aislados en los que prevaleció la posición del gobierno y, nada más conocerse la sentencia, se exigió a las empresas que procediesen al pago inmediato de la condena en costas. En cambio, los impagos del gobierno ya afectan a más de veinte empresas e inversores que ven cómo se pretende mirar hacia otro lado. El caso es que España es un país firmante de la Convención de Viena, del Convenio del CIADI, del Tratado de la Carta de la Energía… y, por tanto, no puede eludir sus obligaciones y terminará pagando lo que debe de una forma u otra, vía acuerdo… o vía embargos».
Para Cherryman, «es triste que la Abogacía del Estado siga invirtiendo millones y millones en una estrategia jurídica que cada vez tiene menos recorrido. Las decisiones de la justicia británica y australiana han sido tajantes y han tumbado todos y cada uno de los argumentos que ha presentado el gobierno de España. En paralelo, las empresas e inversores afectados ya han dado los primeros pasos para lograr que los tribunales estadounidenses reconozcan estas deudas y permitan el embargo de bienes, si procede».
Cherryman ha insistido en que «el proceso de incautación de activos pertenecientes a un Estado suele darse en casos muy diferentes. Hablamos de países donde el imperio de la ley brilla por su ausencia. Sobre el papel, es evidente que España no es Venezuela ni Rusia, pero con estos inversores y en estos casos, lo cierto es que está comportándose de la misma forma. Eso es inaceptable. Además, los procesos de embargo de bienes son largos y complejos, pero efectivos, de modo que lo único que consigue el gobierno es dilatar la situación, pero no por ello eludir la responsabilidad de resarcir a los afectados, que de hecho terminarán recibiendo los pagos de una manera u otra, de forma satisfactoria o mediante la confiscación de propiedades del Estado».