El Gobierno de Pedro Sánchez avanza en su utilización del empleo público como parte clave de su campaña electoral.
El Ministerio de Hacienda y Función Pública y los sindicatos han cerrado prácticamente la oferta de empleo público de este año, que con casi total seguridad se aprobará este martes 11 de julio en Consejo de Ministros y, por tanto, antes de las elecciones generales del 23 de julio. A falta de saber la cifra oficial, será una de las ofertas públicas de empleo más multitudinarias de los últimos años.
El año pasado se ofertaron cerca de 30.000 plazas -29.578, en concreto-, que sumadas a las que se hacen para fuerzas y cuerpos de seguridad y a los procesos de estabilización, sumaron 44.787 plazas. Se da por hecho que la convocatoria de este año superará ese número y rondará entre los 40.000 empleos. Esta última cifra máxima es metiendo a las correspondientes a las tasas de reposición.
Los sindicatos han pedido a la cartera dirigida por María Jesús Montero una oferta «masiva» que permita desde este año el refuerzo de servicios «clave» como el SEPE o la Seguridad Social. De hecho, para esta última cartera se convocarán 2.500 plazas de urgente cobertura. También se pretenden aumentar las plantillas de la Inspección de Trabajo, Agencia Tributaria, Instituciones Penitenciarias o la Justicia, entre otros organismos.
Por parte del Gobierno, se ha trasladado un documento con los diez criterios que pretende que rijan esta OEP. Estos son la garantía de promoción interna, la estabilización del empleo temporal, el empleo inclusivo, la digitalización y atención a la ciudadanía, el refuerzo del ámbito de justicia, el refuerzo de la administración local, la presencia suficiente de personal laboral, la territorialización de plazas de administración local, y la agilización y mejora de procesos selectivos.
Agencia Tributaria
Algunos sindicatos, como CCOO, criticaron no haber recibido este mismo documento hasta la reunión del pasado viernes. Asimismo, cargaron contra «las prisas» del Gobierno por la publicación de la oferta de empleo público cuando han reiterado «en varias ocasiones» a Función Pública que debía haberse publicado en el primer semestre de 2023.
«Este retraso no puede justificar que se plantee una imposición atropellada. El servicio público es la garantía de los derechos de la ciudadanía, y es imprescindible una dotación de personal suficiente, para lo que resulta esencial la negociación con las organizaciones sindicales», advirtieron.
Por esas razones, CCOO no ha firmado el acuerdo y, además, critica que no se tengan cifras concretas, ya que no se conoce el desglose final. CSIF y UGT sí han dado el visto bueno a la oferta de empleo público junto al Gobierno.
CSIF ha aplaudido la convocatoria, ya que considera que supone un avance significativo respecto a la oferta del año pasado, que ya fue calificada como histórica. CCOO lamenta que cada año se siga perdiendo empleo pese a que cada vez se haga la mayor OEP de la historia, explican, ya que realmente se trata de una estabilización de los puestos que se quedan vacantes.
La convocatoria debe ser publicada antes de que finalice el año, el 31 de diciembre de 2023. De ampliarse el número de plazas para otros procesos ya abiertos, se actualizará la cifra de ofertas con el número total.
Opositores
Los últimos años han sido considerados como uno de los mejores para opositar, consiguiendo además un auge en el negocio de la preparación y las academias de estudios. En parte por esta gran oferta, pero también por las tasas de relevo. Se estima que a lo largo de los próximos años hasta un tercio de los actuales empleados públicos podrían jubilarse.
En concreto, este umbral afecta a la llamada generación del baby boom, los nacidos durante la década de los 60 del siglo pasado que empieza a afrontar los últimos años de su carrera laboral. Según un estudio de Adams Formación, en la Seguridad Social, por ejemplo, hasta un 75% de sus funcionarios han superado ya la barrera de los 50 años.
Sin embargo, las administraciones públicas también afrontan su particular reconversión, heredada en parte de la crisis económica de 2008, y que ha traído consigo una mayor temporalidad a unos puestos de empleo que en parte han perdido su condición de ‘trabajo asegurado’.
Los funcionarios de carrera que están dando paso a su jubilación están siendo sustituidos en parte por interinos o trabajadores eventuales. Su peso en 2010 según la información del Estado apenas suponía un 12% en 2010. Una cifra que en 2020 ya se elevaba hasta el 22%.
Empleo público
La última edición anual de la Encuesta de la Fuerza Laboral (Eurostat) ha puesto de manifiesto el creciente peso del empleo público en el mercado de trabajo español. De hecho, según los datos presentados, el aumento observado en 2022 en el tamaño de las plantillas de funcionarios y trabajadores de las Administraciones fue siete veces mayor que el crecimiento de la ocupación en el sector privado.
El empleo público se mantuvo prácticamente congelado en los veintisiete países miembros de la Unión Europea a lo largo del año 2022, con un aumento promedio del 0,13% durante el conjunto del ejercicio. En el caso de la Eurozona, el número de empleados de las Administraciones se redujo durante el pasado ejercicio, con una caída media del 0,67%.
Si desagregamos los datos, encontramos que algunos de los países de la UE decretaron una reducción más intensa de su masa de empleados públicos, con caídas del 1,4% en Estonia, del 1,7% en Grecia, del 3,4% en Lituania, del 5,2% en Bélgica, del 5,8% en Portugal, del 7% en Alemania, del 7,6% en Eslovaquia, del 8% en Croacia o del 9,3% en Chipre.
Sin embargo, los datos para España muestran una trayectoria muy diferente, con un aumento del 7,13% en el número de empleados públicos a lo largo del pasado 2022. Esta cifra solamente se ve superada por el aumento registrado en Letonia (7,66%) y nos coloca muy por delante de otros países como Francia (4,16%) o Italia (2,63%).