Llueve sobre mojado para Pedro Sánchez.
Los bochornosos embargos que sufrió el Gobierno de España en Londres podrían ser solo la punta del iceberg.
El prestigioso bufete de Nick Cherryman, Kobre & Kim, busca meter sus manos en los bienes del Reino de España en Estados Unidos. ¿El motivo?, los los distintos problemas que enfrenta nuestro país por los impagos que están sufriendo los inversores que sufrieron la retirada retroactiva de las primas a las renovables.
Es importante destacar que aunque estas decisiones se tomaron bajo gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, la resolución de los litigios internacionales ha llegado en los últimos años y el Ejecutivo de Pedro Sánchez optó por ponerse de perfil y negarse a resarcir a las compañías y empresas afectadas.
Es justamente esa decisión del Gobierno PSOE-Podemos la que llevó a la incautación de propiedades del Reino de España en el extranjero. El caso más sonado fue el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Londres o el edificio de promoción económica que posee el gobierno de Cataluña en la capital inglesa.
Sin embargo, no son los únicos, ya que también se bloqueó una cuenta bancaria del Reino de España en Reino Unido, así como el derecho al cobro de la indemnización por la catástrofe del Prestige. Sin olvidar que se han intervenido cuatro emisiones de deuda pública que han caído en situación de default técnico. Pero aún podría estar por llegar lo peor, ya que están en ‘jaque’ las propiedades del Reino de España en Estados Unidos.
Pedro Sánchez
«Me da pena venir a España por esta razón, este es un país serio, su papel en las instituciones europeas y en los organismos internacionales está fuera de toda duda, por eso no tiene sentido que se socave de esta forma la seguridad jurídica y se genere una situación a todas luces lamentable», explicó el jurista Nick Cherryman, que advirtió de que los primeros embargos de bienes «son solamente la punta del iceberg».
Aunque el gobierno español intenta esquivar su responsabilidad y no se siente vinculado por el resultado de los arbitrajes, Cherryman lo tiene claro:
«España participó en todos estos procesos. De hecho, de un total de cincuenta litigios, ha habido dos casos aislados en los que prevaleció la posición del gobierno y, nada más conocerse la sentencia, se exigió a las empresas que procediesen al pago inmediato de la condena en costas. En cambio, los impagos del gobierno ya afectan a más de veinte empresas e inversores que ven cómo se pretende mirar hacia otro lado. El caso es que España es un país firmante de la Convención de Viena, del Convenio del CIADI, del Tratado de la Carta de la Energía… y, por tanto, no puede eludir sus obligaciones y terminará pagando lo que debe de una forma u otra, vía acuerdo… o vía embargos».
Para Cherryman, «es triste que la Abogacía del Estado siga invirtiendo millones y millones en una estrategia jurídica que cada vez tiene menos recorrido. Las decisiones de la justicia británica y australiana han sido tajantes y han tumbado todos y cada uno de los argumentos que ha presentado el gobierno de España. En paralelo, las empresas e inversores afectados ya han dado los primeros pasos para lograr que los tribunales estadounidenses reconozcan estas deudas y permitan el embargo de bienes, si procede».
Cherryman ha insistido en que «el proceso de incautación de activos pertenecientes a un Estado suele darse en casos muy diferentes. Hablamos de países donde el imperio de la ley brilla por su ausencia. Sobre el papel, es evidente que España no es Venezuela ni Rusia, pero con estos inversores y en estos casos, lo cierto es que está comportándose de la misma forma. Eso es inaceptable. Además, los procesos de embargo de bienes son largos y complejos, pero efectivos, de modo que lo único que consigue el gobierno es dilatar la situación, pero no por ello eludir la responsabilidad de resarcir a los afectados, que de hecho terminarán recibiendo los pagos de una manera u otra, de forma satisfactoria o mediante la confiscación de propiedades del Estado».